El aún limitado uso de servicios financieros y la necesidad de acceder a créditos de forma inmediata han dejado expuestos a amplios sectores de la población a esquemas de financiamiento ilícito que se conectan con estructuras criminales. Según el último informe del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), la usura y la captación ilegal de dinero han evolucionado y se han convertido en un eslabón más dentro de las cadenas de valor del crimen organizado, junto con la extorsión.

Entre 2019 y 2025, la Fiscalía General del Estado registró 1.933 noticias del delito (NDD) por usura y 1.364 por captación ilegal de dinero. Por su parte, la extorsión llama particularmente la atención por su aumento en un 898% desde 2019, alcanzando 16.130 casos en 2025 (89 por cada 100.000 habitantes). Estos datos son un indicio de la conexión de estas actividades con la creciente violencia y criminalidad que atraviesa el país.

A nivel provincial, Tungurahua encabeza la tasa nacional de usura; mientras Chimborazo lidera en captación ilegal de dinero. En contraste, la extorsión predomina en Guayas, El Oro, Esmeraldas y Santa Elena. En cantones como Latacunga, el repunte de la extorsión coincide con la caída de denuncias por usura, lo que apuntaría a una transición del cobro de préstamos informales hacia el control territorial.

Conexiones entre la usura y el crimen organizado

Según el análisis del OECO, se identifican tres tipologías de usura: 

1) Esquema clásico sin presencia de estructuras criminales complejas.
2) Estructuras con giro criminal único, que utilizan fachadas de legitimidad comercial, e incluyen cobros mediante coacción psicológica.
3) Vinculación a portafolios criminales más amplios (“gota a gota”), cuyo capital proviene de actividades ilícitas (como el narcotráfico o el tráfico ilegal de migrantes); el cobro evoluciona hacia la extorsión o ‘‘vacunas’’. Este último esquema permite una lectura sobre la instrumentalización de la violencia, que no solo opera como método de cobro de la deuda, sino que puede constituir un detonante que empuja a la víctima a recurrir a financiamiento ilegal, configurando un círculo de victimización que refuerza el control social y territorial de las estructuras criminales.

¿Cuáles son los efectos de la usura en el sistema financiero formal y sobre quienes recurren a ella?

Los servicios financieros formales están sujetos a regulaciones y condiciones que pueden limitar el acceso a ciertos segmentos de la población. En ese sentido, la usura -más comúnmente conocida como “chulco”- se aprovecha ilegítimamente del entorno de ilegalidad en el que opera, ya que cuenta con fondos ilimitados (provenientes de actividades ilícitas) y no tiene techos regulatorios de tasa de interés máximas que puede cobrar a sus víctimas. Incluso en algunos casos puede tener relación con operaciones de lavado de activos, lo que evidencia la importancia de incluir este aspecto dentro de las medidas antilavado previstas en el ámbito de la política pública.

Frente a las dificultades o renuncia a acceder al sistema financiero público y privado, quienes se encuentran en la informalidad laboral, con limitada capacidad de pago –por ejemplo, mujeres jefas de hogar y adultos mayores recurren a esquemas de financiamiento ilícito, desconociendo el costo real de la deuda. Así, se ha constatado que alrededor del 65% de los deudores usurarios cree pagar entre el 10% y 20% de intereses mensuales, cuando en realidad el costo efectivo promedio ronda el 100%. Sin embargo, también acceden personas con ingresos medios o actividades económicas consolidadas que buscan solventar necesidades emergentes o problemas de liquidez.

¿Qué respuestas se necesitan para enfrentar este delito?

Desde el OECO se trazan recomendaciones relacionadas con acciones que se pueden implementar sobre los nodos críticos identificados en la cadena de valor de la usura:

  • Fomentar el diseño de productos crediticios ajustados al perfil de riesgo real del cliente, mediante mecanismos de evaluación alternativos al buró tradicional; así como, revisar las regulaciones sobre las tasas de interés en función de dichos perfiles de riesgo.
  • Fortalecer el intercambio de información entre UAFE, superintendencias, SRI, notarías, registros de la propiedad y entidades financieras, así como establecer alertas automatizadas de riesgo.
  • Desarrollar intervenciones territoriales coordinadas entre fuerza pública especializada, organismos de control judicial y financiero capaces de incautar los activos usados para sostener el cobro ilegal en zonas de alta incidencia.
  • Incluir a la educación financiera enfocada en el costo real del crédito (no solo en el valor de la cuota); así como mecanismos de protección a víctimas y testigos que reduzcan el temor a denunciar.

Contar con un análisis estadístico y cualitativo de casos judiciales aporta una visión integral, que trasciende el enfoque económico, y permite comprender a la intermediación financiera ilícita como una amenaza directa a la seguridad ciudadana y la integridad del sistema financiero nacional, y que por ello merece ser atendida con eficacia.