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Las proyecciones de crecimiento económico del país fueron ajustadas, en este año, en dos ocasiones por el Banco Central del Ecuador (BCE). Ambas a la baja. En la última actualización se prevé que el país crecerá el 1,5% y apenas el 0,8% en 2024. Esta reducción respondería al fin de la producción petrolera del Bloque-43 ITT, tras la consulta popular, y los efectos del fenómeno de El Niño. En estos contextos complejos es cuando el país requiere analizar de manera urgente cuál será el sector que le ayude a resurgir. La minería ha demostrado ser ese motor para atraer inversión, para generar crecimiento, empleo y desarrollo. No obstante el sector minero hoy enfrenta crecientes riesgos políticos, jurídicos y sociales que obstaculizan su desempeño.
La Cámara de Industrias, Producción y Empleo y la Cámara de Minería del Ecuador, exponen las condiciones y garantías que el sector minero requiere para continuar siendo el cuarto rubro de exportación no petrolera, con potencial a ser la industria estratégica que soporte al país en su apretada economía y en la transición a la etapa post petrolera.
- Se debe reconocer el potencial del sector minero como el factor de desarrollo que la economía del país necesita con más urgencia
Ecuador requiere de un crecimiento más dinámico y sostenido en el tiempo. El sector minero es uno de los que más crecen y más inversiones atraen. Entre 2018 y 2022, los ingresos por exportación de minerales se multiplicaron por diez; en 2022, se registraron USD 2.775 millones, según el BCE, con un crecimiento de 32,64% frente a lo registrado en el mismo periodo de 2021; estando sólo por detrás del petróleo, camarón y banano.
El crecimiento anterior se ha logrado gracias a las dos minas a gran escala que operan en el país. A futuro la proyección es que más proyectos empiecen a operar, sin embargo, están detenidos en su proceso de licenciamiento. Se calcula que para el 2029 las exportaciones mineras alcancen un total de $9.217 con la entrada de nuevos proyectos.
Esta prometedora industria es generadora de desarrollo local, llega a sitios remotos donde hay poca presencia del Estado, con lo cual es una alternativa para mejorar las condiciones de vida en estas zonas, evitando que migren. En términos de empleo, hasta el primer trimestre de 2023, la minería generó 46.028 empleos directos y 126.085 indirectos. Así también, según cifras del Ministerio de Energía y Minas, entre enero a mayo de 2023 se ha recaudado USD 465 millones en impuestos sectoriales y generales, por concepto de patentes de conservación, regalías, utilidades, impuesto a la renta, IVA, más. - Se requiere apoyar al desarrollo de la minería legal como una actividad legítima que respeta el medio ambiente y a las comunidades
La minería legal está reconocida y regulada por la ley ecuatoriana, no ocurre al margen de esta. Las empresas mineras legales cumplen con la normativa administrativa, técnica, laboral, ambiental y social; con los controles sobre la calidad del agua, mensuales, trimestrales y semestrales; así también, establecen mecanismos de participación e información ciudadana con las comunidades que son parte de su zona de influencia, con lo cual están capacitadas para monitorear y verificar los resultados de dichos controles. La minería legal, además, paga impuestos y transparenta su gestión.
Una gestión regulada y sostenible de la minería garantiza la minimización de los impactos ambientales, invierte en investigación científica, trabaja con las autoridades, la academia, entre otros. Las empresas mineras internacionales tienen procesos modernos para el desarrollo de una minería sostenible con la adopción de tecnologías más limpias y eficientes.
Lo contrario ocurre con la extracción ilegal que es altamente contaminante, agrava problemáticas sociales como la prostitución, la trata de personas y el lavado de dinero que no produce regalías y por tanto no impulsa desarrollo y opera a través de procesos rudimentarios y altamente riesgosos. - Se necesita garantizar la estabilidad jurídica para no seguir ahuyentando la inversión extranjera
El futuro del país no puede estar condicionado a consultas populares y decisiones judiciales impulsadas por ciertos sectores que no representan a la totalidad de la población, y menos aún a las zonas que más necesitan esos ingresos. Varias de estas decisiones ocurren años o décadas después de que las empresas ya establecieron sus operaciones de exploración lo que representa millonarias inversiones, provoca que los inversionistas perciban un alto riesgo para aterrizar su capital, y prefieran irse. Debido a esto, el país enfrenta algunos arbitrajes internacionales; en caso de resolverse desfavorablemente para el Estado, el país debe pagar indemnizaciones millonarias.
La prohibición de las actividades mineras legales y formales no acabará con la explotación de los recursos, al contrario, aumentan la amenaza del avance de la minería ilegal y los delitos conexos como el tráfico de personas y de especies, la tala ilegal, el narcotráfico, la contaminación de los suelos y el agua, entre otros. Lo que se traduce en más precarización de la economía. Según la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, el avance de la minería ilegal es alarmante, ya que se han identificado campamentos en 17 de las 24 provincias del país. - Los proyectos mineros asentados en el país no pueden seguir paralizados
La oposición minera ha llegado a impactar no sólo a la industria contra la cual lucha, sino también a otros sectores productivos. Debido a la admisión a trámite de la demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 754, más de 176 proyectos de todos los sectores productivos y proyectos públicos no pueden avanzar en la obtención de las Licencias Ambientales; en este grupo se incluyen hospitales, plantas de tratamientos de agua, proyectos de transmisión de energía, camaroneras, haciendas turísticas y más; que contemplaban más de USD 2.000 millones en inversiones.
Los proyectos mineros Curipamba en Bolívar y La Plata en Cotopaxi están paralizados debido a la falta de licencias ambientales. En el caso del proyecto Loma Larga en Azuay, la decisión de la Corte Provincial de Justicia del Azuay quedó suspendido hasta aplicar la Consulta Previa, y posteriormente la Consulta Ambiental. Sólo estos tres proyectos suman cerca de USD 1.000 millones de inversiones que son negadas a la población.
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